Hace unos días que el Parlamento de Cataluña convalidó el decreto ley 1/2023 de 28 de febrero de medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente a la situación de sequía excepcional en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. Un decreto ley impulsado por el Gobierno de la Generalitat que, a criterio de varias organizaciones empresariales, llega tarde y mal. Pese a que el decreto ha entrado en vigor, la mayoría de grupos parlamentarios han aprobado convertirlo, a medio plazo, en proyecto de ley y así poder tramitar, negociar, debatir y aprobar en el Parlament la propuesta definitiva.

En este sentido, la Asociación Comarcal de Empresarios del Berguedà, la Asociación de Empresas de Ripollet, la Cecot, Cerdanyola Empresarial, CIESC, la Federación Empresarial del Gran Penedès, Sant Cugat Empresarial, la Unión Empresarial del Anoia y la Unión Empresarial Intersectorial quieren poner de manifiesto su preocupación por el hecho de que el Gobierno de la Generalitat haya sacado adelante un decreto ley de sequía sin establecer inversiones para actuaciones de emergencia y hacer más resiliente el abastecimiento. Este decreto, formulado de forma unilateral por el Gobierno, se centra en regular las sanciones a los ayuntamientos que incumplan las dotaciones, pero no recoge ni una sola inversión que mejore o revierta la situación. El decreto propuesto, en lugar de aportar soluciones, recoge sanciones.

Es por ello que los representantes empresariales exigen al Gobierno de la Generalitat que actúe ante la emergencia hídrica, y que lo haga desde el diálogo y teniendo en cuenta a los diversos agentes que le pueden aportar conocimiento experto. Las entidades proponen un pacto por el agua que dé soluciones, desde la concertación, a problemas que lejos de una aproximación política, lo que necesitan es conocimiento técnico, amplitud de miras y, sobre todo, responsabilidad con la ciudadanía.

El tejido empresarial, sobre todo el industrial y el agroalimentario, plenamente conscientes de las consecuencias del cambio climático, han ido intensificando la implementación de medidas de reducción, optimización y reutilización del agua y adaptando sus procesos productivos, consecuentes tanto con el cumplimiento de las normativas medioambientales y sanitarias, como con la voluntad de implicarse en la consecución de los ODS. Por tanto, las empresas ya han integrado en su gestión la limitación en el uso del agua para actividades industriales más allá de situaciones de sequía e invierten en soluciones alternativas para mantener la actividad y garantizar su viabilidad, como por ejemplo la reutilización de agua o la recogida de agua de lluvia. Este coste adicional se ha normalizado en los planes estratégicos en los que las empresas analizan los factores de competitividad.

Por tanto, al igual que el tejido empresarial ha ido invirtiendo recursos para garantizar un mejor uso del agua en sus procesos productivos, los representantes empresariales reiteran la exigencia al Gobierno de la Generalitat de un compromiso firme en la ejecución de infraestructuras del ciclo del agua y la necesidad de un concierto social por el agua en el marco del diálogo con agentes socioeconómicos.

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